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Designar gobernantes virtuosos ha presentado históricamente poca aplicabilidad para establecer una auténtica democracia política. Llegar a un acuerdo sobre cuales deberán ser las normas que regulen en la práctica la distribución y el ejercicio del poder, sólo con tal equilibrio podrá establecerse un eficaz y auténtico Estado de Derecho.
La solución radica en el ámbito político más que en el jurídico, se ajusten a las reglas de modo que haya equidad en el reparto del poder, podría provocar un cambio sustancial en el comportamiento ciudadano en lo referente al derecho, crear las condiciones que obliguen tanto a los ciudadanos como a los gobernantes mientras no haya nada que los obligue a sujetarse al marco legal su racionalidad humana los llevará a hacer caso omiso de él, en beneficio de sus propios intereses los dirigentes mismos están propensos a la tentación humana de sacar provecho de los demás, salvo en raras excepciones.
Si el estado se apega al derecho y lo aplica de manera sistemática el ambiente institucional hará para cada individuo más costoso y riesgoso trasgredir la ley que respetarla.
El problema no radica en la escasa calidad de las leyes, sino en su falta de aplicación.
No se ha desarrollado en nuestro país las condiciones que permitan hacer operativo un sistema legal mínimamente eficaz.
No queda más que resignarse a vivir en un régimen autoritario, que por lo menos asegure estabilidad, aunque para ello haya que tolerar algún abuso de poder por parte del gobernante.
Seguir una conducta de honestidad en estos tiempos donde la corrupción está por encima de la ética social, apegarse a la Ley mientras los demás no lo hagan.
Lo decisivo es entonces crear las condiciones que obliguen tanto a los ciudadanos como a los gobernantes a apegarse al derecho.
